Piñera le quita el piso a la Concertación

Piñera le quita el piso a la Concertación

El golpe de timón que ha dado Piñera el 21 de mayo, en su Primer Mensaje al Congreso Pleno, deja en la playa y en cueros a sus más recalcitrantes opositores, que ven desolados como se alejan de su molino, reivindicaciones populares que Piñera con gran audacia política les está quitando oficialmente. El seudo progresismo pregonado por las cúpulas de la Concertación, se convierte en agua para otro molino y la agenda la está colocando ahora el gobierno, con un tono conciliador, pero enérgico, que busca inteligentemente ejecutar promesas que no fueron capaces de cumplir los cuatro gobiernos de la Concertación.

Extender el postnatal a 6 meses; eliminar el 7% de salud de las pensiones de jubilados y montepiados; la igualdad de género en el trabajo;  marcar el fortalecimiento de la familia y del matrimonio heterosexual como esencia del desarrollo de una sociedad sana y segura; entrar a picar en materia de educación para exigir calidad; evaluar la eficacia del gasto en el área social; impulsar la inscripción electoral automática y el voto voluntario; permitir que voten los chilenos residentes en el exterior; darle un nuevo rol al Banco del Estado para canalizar apoyos efectivos a las Pymes, son todas medidas que pudieron ser resueltas por Michelle Bachelet en los 4 años de su mandato, pero faltó el liderazgo para llevar las riendas del progresismo que hoy se ve atendido en sus prioritarias aspiraciones por un gobierno supuestamente conservador, que parece ser capaz de entender las sensibilidades latentes de la sociedad chilena, con una empatía singular, que se enfoca principalmente hacia la clase media.

El cambio de ritmo del gobierno deja sin argumentos a las cúpulas que siguen arrogándose la etiqueta del progresismo. Un Senador Escalona furibundo dijo estar frente a un nuevo populismo. Otros quisieron bajarle el perfil, señalando que no estaban claros los plazos. El único explícito en reconocer que le habría gustado escucharle este discurso a Michelle Bachelet, fue el Senador Navarro, lo que demuestra el fondo positivo del plan de acción expuesto por el Presidente Piñera, toda vez que atiende a muchos sectores que fueron postergados por la Concertación. La eliminación, por ejemplo, aunque sea gradual, del 7% de la contribución de salud de las pensiones de los jubilados constituía una deuda, de las muchas que dejaron los gobiernos anteriores, a lo largo de 20 años.

Cabe destacar que esta misma semana se daba la noticia de la caída de Chile en el ranking de competitividad mundial, por sus problemas en educación y las ganancias exorbitantes de la banca. Frente a esto, hincarle el diente a la educación, tal como se ha anunciado, es fundamental para recuperar terreno en materia de competencias laborales, formando personas en temas técnicos que sean necesarios para desarrollar diversos sectores productivos, con mucha innovación. Más soldados y menos generales es lo que se necesita y para ello se debe eliminar el mercantilismo en educación, eliminando carreras que son un engaño a la sociedad.

Y respecto a la eficiencia del sistema bancario y del mercado de capitales, lo que no se escuchó en el discurso presidencial y que habría sido merecedor de un masivo aplauso, sería que el gobierno tomara medidas para que la banca cumpla su rol en la economía post catástrofe y que parta por pagar la deuda subordinada que aún mantiene impaga con el Banco Central, lo que sería una medida de justicia en un período de contingencia, toda vez que los bancos en crisis fueron buenos para recibir subsidios públicos, pero han sido pésimos para canalizar con celeridad créditos blandos hacia personas y empresas pequeñas y medianas, para acelerar la reconstrucción del país. Si el coraje político del gobierno llega a este sector casi intocable, las fuerzas progresistas deberán adherir y respaldar sin dudas cualquier medida que avance en tal sentido.

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Periodismo Independiente, Copiapó, 21 de mayo 2010.

La verdad nos hará libres

El nuevo Partido Progresista ad portas

 

El nuevo Partido Progresista ad portas

Los partidos políticos son el instrumento para participar del sistema electoral y, por ende, su control y manejo es fundamental para participar de cuotas de poder. En su génesis primaria las fuerzas políticas reflejaban a través de las tiendas partidarias una mirada ideológica de la sociedad, representaban una utopía antes que la defensa de intereses corporativos, pero, en el devenir de las últimas décadas lo que ha quedado son máquinas que compiten por el control de los partidos, en el restringido escenario del binominalismo instaurado por la Constitución del 80.

En este contexto, el manejo de un partido asegura la nominación de candidatos y, binominalismo mediante, permite ganar cupos de poder político en todos los espacios políticos, desde los concejales de un municipio hasta los Diputados y Senadores. En el proyecto que haría de elección popular en nombramiento de los Consejeros de los Gobiernos Regionales, el gran riesgo es que la postulación de candidatos sea realizada por los partidos y que los independientes tengan escasas posibilidades de ganar como simples representantes de la sociedad civil.

Es así como el poder institucional presenta características oligopólicas, con grupúsculos de militantes juramentados bajo criterios sectarios para controlar las entidades partidarias a como dé lugar, pues eso asegura el acceso a cargos de representación popular, convirtiéndose las disputas internas en una arena en la que los gladiadores de diversos grupos y sensibilidades luchan a muerte por ganar la testera que les asegura vía expedita para sus carreras políticas. Nada de ideología, nada de debates, nula participación de las bases militantes, simplemente la calculadora, las máquinas rentadas, los operadores políticos y los articuladores financieros que se ocupan de obtener los recursos para el marketing y las campañas. Una caja negra que despierta desde lejos una desconfianza intuitiva de las personas independientes, quienes se ven impedidas de participar.

Sin embargo, a partir de la descomposición que ha vivido la coalición que detentara el gobierno por cuatro períodos consecutivos, un 20,3% del electorado se abrió con una propuesta que cuestionaba principalmente la tendencia nociva a la concentración del poder en una suerte de partido transversal cuyos participantes iba siendo ubicados en distintas áreas del Estado, sin importar sus competencias sino su incondicionalidad a las cúpulas partidarias, en uso, además, de los cuoteos pactados al interior de la Concertación. En rechazo a ese estilo de hacer política, vinieron los descolgados o díscolos que fueron los más ácidos críticos de las elites dirigentes de la Concertación y que, en definitiva, pusieron en la escena política sus yerros y sus vicios, con los resultados de todos conocidos.

Ahora, como resultado de esa acción independentista que lideró Marco Enriquez Ominami, está surgiendo el Partido Progresista, con un estilo de “política2.0” que ha tomado aquellos viejos asambleismos donde todos cruzaban discursos y que caracterizaron el nacimiento de la Democracia Cristiana o del FRAP, pero llevándolos a una plataforma cibernética de instantaneidad, sin pretensiones de uniformar visiones sino de incluir diversidad, con uso de las plataformas comunicacionales que ofrecen las redes de Twitter y Facebook, con una conectividad que permite multiplicar al líder en un seguimiento cotidiano, como un reality constante, que nada tiene que ver con la real politic manejada entre cuatro paredes, de espaldas al pueblo.

Este nuevo experimento político es mirado con  desprecio por los desplazados o cesantes operadores de la derrotada Concertación, toda vez que en el esfuerzo de abrir un espacio, los costos en representatividad para esos sectores díscolos fueron elevados y casi quedaron sin representación popular en el Congreso. Pero, la apuesta que se observa es de capitalización de ese histórico 20,3%, de refundación del quehacer político para hacerlo atractivo a los automarginados del sistema electoral, esos amplios sectores descreídos de la institucionalidad imperante. El nuevo partido se la juega por abrir su propio espacio y por elección interna a través de Internet, denominaron Partido Progresista. Y si MEO logró saltar las vallas para correr en las últimas presidenciales, en la medida que logre canalizar esa energía dispersa y darle una mínima consistencia doctrinaria, podrá incubar en estos cuatro años una tendencia equidistante del gobierno de la Alianza y de la Concertación, especialmente porque ésta mantiene las mismas caras y los mismos estilos, en oposición visceral y virulenta al gobierno de Piñera.

El Partido Progresista que está surgiendo, nace como una propuesta que rechaza las malas prácticas, tales como el clientelismo, el nepotismo y las acciones de corrupción que siguen descubriendo la Contraloría o los Tribunales de Justicia. Con esa proposición puede llegar a  ser aglutinante de un gran descontento social, en la medida que el nuevo partido no se convierta en otro instrumento clientelista new age,  para ocupar puestos públicos en un hipotético próximo gobierno, y en la medida que demuestre inteligencia para aportar desde la sociedad civil propuestas serias a las actuales autoridades para la reconstrucción nacional, ese movimiento y nuevo partido podrían ganar el crédito de la consecuencia y captar efectivamente al progresismo que se mantiene vivo y mayoritario como sensibilidad social en Chile. Un catalizador talvez de nuevas alianzas estratégicas durante el gobierno de Sebastián Piñera.

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Hernán Narbona Véliz, Atacama, 7 de mayo de 2010

La verdad nos hará libres

Estrategias para la Reconstrucción

Estrategias para la Reconstrucción: las necesarias alianzas del Estado con la Sociedad Civil y el Empresariado.

·         Se trata de trabajar unidos frente a la catástrofe, marcando las diferencias en la dedicación concreta mostrada en ese esfuerzo. Se trata de volcar las energías políticas de la presunta oposición a la acción nacional de la reconstrucción, con lo cual las fuerzas jóvenes que surjan en esta nueva etapa podrán legitimarse positivamente, aprendiendo de asociatividad y cooperación, valores muy necesarios en una sociedad maleada por el egoísmo individualista.

El nuevo gobierno debe estar muy complicado frente al desafío de reconstruir el país con la realidad de un aparato público que ha recibido de la Concertación, el cual cuenta con un escaso margen de maniobra para poder actuar como amerita el estado de catástrofe que vive el país.

Los grandes empresarios  son fieles a sus intereses y, más allá de la proyección de imágenes y marcas que supuso la campaña televisiva de 24 horas para juntar fondos para la emergencia, en el momento de dar sustentabilidad a la reconstrucción aparece inmediatamente el lobby que busca reducir al máximo el impacto que las medidas de gobierno pudieran tener sobre sus negocios.

Es algo que el actual Presidente conoce bien, ya que ha vivido en las ligas mayores de los negocios y desde esa óptica, y tal como lo señala Peter Drucker, una de las tareas empresariales es influir en las decisiones políticas para que ellas puedan favorecer sus intereses. Pero cuando Sebastián Piñera y su equipo han pasado al otro lado del mostrador, descubren el escaso margen de maniobra que les deja el sistema imperante, ése que administrara por 20 años la Concertación, más papista que el Papa, sin tocarle un cabello a las bases del modelo heredado desde el régimen militar.

Sin embargo, el momento histórico con medio país por el suelo, demanda medidas extraordinarias y una voluntad política enérgica para romper las reglas cuando fuere necesario. Porque para poder actuar como un estadista y aprovechar la oportunidad histórica que le ha dejado la catástrofe, en términos de lograr revertir esta crisis y convertirla en una gran ocasión para la corrección de las inequidades estructurales del modelo, Sebastián Piñera necesita articular alianzas estratégicas del Estado con la Sociedad Civil y con los  Grandes Empresarios, de manera de poder dar viabilidad a los cambios que significa pasar, al menos por el período de su gobierno, de un Estado Subsidiario a un Estado Empresario.

Esta sería la respuesta estatal  para poder dirigir los recursos hacia mega proyectos de reconstrucción y recuperación productiva, que permitan una inflexión a partir del enorme retroceso que ha significado la catástrofe.

En sus relaciones con la Sociedad Civil, los grandes aliados serían: la clase media, los profesionales, comerciantes y pequeños empresarios, los funcionarios públicos del país, con quienes sería necesario articular un gran pacto social. Una de las claves para este acercamiento, debiera ser la formulación de un plan de subsidios directos para la recuperación de viviendas y de actividades productivas.

Plantear capital de riesgo para emprendimientos, con criterios de asociatividad, cooperación y mancomunión de esfuerzos por grupos o sectores, permitiría asegurar que el gasto público no sea asistencial sino de inversión. Si el Gobierno fuese capaz de construir una relación no asistencialista con la gente afectada por la catástrofe, podría ganar un amplio espacio en materia de liderazgo y recuperación de confianzas.

En ese ámbito de lo social las diversas sensibilidades políticas podrán competir por lograr mayores protagonismos en la base social, aportando la energía de sus movimientos o de sus militantes, pero todos lo harían en función de un plan dirigido por el Estado, que conjugue un camino nacional para recuperar poblaciones, barrios, pequeño comercio y empresariado. Se trata de trabajar unidos frente a la catástrofe, marcando las diferencias en la dedicación concreta mostrada en ese esfuerzo. Se trata de volcar las energías políticas de la presunta oposición a la acción nacional de la reconstrucción, con lo cual las fuerzas jóvenes que surjan en esta nueva etapa podrán aprender de asociatividad y cooperación, valores muy necesarios en una sociedad maleada por el egoísmo individualista.

En sus relaciones con los grandes empresarios es donde el gobierno debe plantearse con una férrea voluntad política para aplicar cambios tributarios efectivos. Porque para hacer mayonesa hay que romper huevos, esta coyuntura es excepcional y nadie podría negarse a una medida impositiva de justicia social. El gobierno, si se atreve, está en condiciones de legitimar acciones extraordinarias para equilibrar el gasto fiscal, para realizar con acciones propias del Estado las obras gigantescas que demandará la reconstrucción.

En este  gran desafío, el Estado debe ser capaz de facilitar la coinversión público privada, pero para ello debe sanear algunas zonas oscuras del Estado, como lo sería el  sistema de Concesiones que construyó la Concertación, para hacerlo transparente, desconcentrado, descentralizado a nivel territorial y con participación ciudadana para su implementación.

También sería necesario revisar el Sistema de Empresas Públicas para obtener una máxima fiscalización de su gestión, para que dejen de ser ghettos que nadie controla y donde se benefician de los ingresos los que manejan esas empresas, sin que exista un balance social efectivo de esas organizaciones públicas desconcentradas.

Si el Estado pudiese en el marco de la catástrofe idear soluciones para avanzar en el mejoramiento integral de la infraestructura nacional, se podría presentar a los inversionistas mundiales un banco de proyectos BOT, Building, Operate and Transfer, que permitan asegurar la participación compartida de agentes económicos nacionales, de capacidades empresariales intermedias que podrían configurarse como clusters e incorporando el control ciudadano y de los Gobiernos Regionales. Con un rayado de cancha equitativo, los inversionistas extranjeras vendrán y competirán por posicionarse en el Plan de Reconstrucción de Chile.

Y en la aplicación de un Royalty más justo a las compañías mineras extranjeras, que mantienen una gran deuda medioambiental con Chile, el Gobierno no debe atender la tesis de los lobbistas de turno que ya están hablando que un cambio de reglas del juego podría espantar la inversión extranjera, porque eso es una falacia, ya que en el contexto global el recurso es valioso y es interés de las grandes compañías mundiales seguir manejándolo, por lo cual hay espacio para imponerles un trato equitativo después de décadas de manga ancha, con reglas absolutamente inequitativas.

En resumen, la Historia ofrece una oportunidad única a Sebastián Piñera para que capitalice las banderas de un progresismo nacional, al realizar en su mandato aquellas expectativas que alguna vez se esperó de la Concertación, conduciendo los esfuerzos de reconstrucción moral y económica del país, con un Pacto Social que se funde en estos dos frentes estratégicos: la sociedad civil y el empresariado responsable de Chile.

Chañaral, 20 de marzo de 2010.

Hernán Narbona Véliz

Administrador Público, Académico UNC, Periodista Digital

Miembro de PFC Periodistas Frente a la Corrupción

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